A LA CARCEL Y CAPITANIA EN CASA

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A Coruña demostró con su postura lo difícil que es para un gobierno democrático llevar a cabo una acción impopular. Las autoridades locales dimiten, cierran oficinas, comercios, grandes manifestaciones, negativa a pagar impuestos. Esas acciones que representaban el sentir generalizado, acciones con espíritu pacifista, sin violencia, hacían a la ciudad muy fuerte en la defensa de la Capitanía. Esas acciones provocaron malestar y que el delegado del Gobierno hiciese todo lo posible por acabar con todo eso.

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Llegó a dictaminar que la Junta de Defensa, y sus filiales, era una asociación ilícita, se negó a legalizar su reglamento. Deshizo por la fuerza una reunión que se celebra en el Circo de Artesanos provocando que las siguientes reuniones fueran casi clandestinas. Todo ello tenía la intención que la resistencia pacífica degenerase en violencia y motines callejeros y con ello sitiar la ciudad, tal y como había propuesto un periódico progubernamental.

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El convencimiento y decisión de las pacíficas protestas coruñesas hicieron que, al no encontrar a nadie que quisiera serlo, el delegado del Gobierno, Moreda, se pusiera él mismo como alcalde interino e hiciese concejales a personas de autoridad. Una vez en el Ayuntamiento llegaron a acusar al ex-alcalde Soto de malversación de fondos.

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El día 16 de julio de 1893, cuando los comisionados, que lograran la creación de la Junta de Defensa en las restantes provincias gallegas, llegaron a la ciudad se les anunció su ingreso inmediato en la cárcel acusados de asociación ilícita. Fueron todos a la cárcel, primero los comisionados, y luego los 41 miembros de la Junta de Defensa de Galicia. Entre ellos estaban las personas más relevantes de la ciudad: el ex-alcalde Soto, el abad de la Colegiata, el médico Rodríguez, Pedro Barrié Pastor...

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Hubieran podido evitar la cárcel, situada en el Cuartel de Santo Domingo, pagando la fianza. Pero se negaron a hacerlo, creyeron que lo justo y ejemplar era ir a la cárcel, ya que su delito fuera unir a la ciudad entera. Fueron a la cárcel a pie, seguidos por muchísimas personas, los balcones de la ciudad enlutados menos las casas de los procesados que ostetaban la bandera gallega con el lazo carmesí de A Coruña.

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La estancia en la cárcel, la verdad, no es que fuera severa. Se habilitaron dentro del viejo Convento tres salones que fueron amueblados con mobiliario del Circo de Artesanos, de otros asociaciones y casas particulares. Recibieron muchas visitas, alguna tan relevante como la de Pardo Bazán. Pero el ingreso en la cárcel no acabó con la Junta de Defensa, inmediatamente se constituyó otra. La prensa coruñesa presionaba, también, lo suyo pues se sentía indignada por el hecho de que al periodista Gonzalo Brañas en vez de estar con todos los demás en Santo Domingo, le hubieran llevado a la cárcel común.

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Aunque la estancia en la cárcel parecía más un local social para reunirse un grupo de amigos, lo cierto es que pasaban las horas y la detención seguía. Entonces, aceptados por procesados y jueces, se presentaron como mediadores Luciano Puga y el general Pin. Luciano Puga era el director del Banco de España en La Habana y veraneaba cerca de A Coruña. El general Pin se caracterizaba por su inteligencia y exquisita prudencia.

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Puga asumió personalmente la fianza de todos los procesados, provocando su liberación y posterior retorno a sus casas, en medio de otra explosión de entusiasmo y afecto por parte de la gente. Después de esto, Luciano Puga, del partido liberal conservador, llevó al principal partido de la oposición, hasta ese momento en cuanto a las reformas militares más o menos en consenso con el Gobierno, a que compartiera la tesis de Galicia y presentara en el Congreso una enmienda a los presupuestos que permitía la futura creación y establecimiento de un octavo cuerpo de Ejército con sede en A Coruña. Aún más, a través de su portavoz, llevó al Ministro de la Guerra a reconocer la necesidad de crear la octava Región Militar y que, por conveniencia y estrategia, ésta tenía que estar en Galicia.

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Uno de los principales valedores de la causa coruñesa y gallega en Madrid fue el general Azcárraga. Tras solicitar un informe de la Junta Consultiva de Guerra, consiguió que se revocase la decisión inicial del traslado de la Capitania General a León, traslado que nunca se había llevado a cabo, y que se crease el VIII Cuerpo del Ejército.

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El 10 de septiembre de 1896, tres años después del inicio de los hechos, un Real Decreto ordenaba la reintegración a A Coruña de la Capitanía General de Galicia por la creación del Octavo Cuerpo del Ejército. Dos días más tardes, a propuesta del alcalde Luis Argudín Bolívar, se acordó declarar a Marcelo de Azcárraga, hijo predilecto de la ciudad, que se colocase un retrato del General, entonces Ministro de la Guerra en el salón Capitular del Consejo y que la plaza donde se encontraba el edificio de Capitanía pasara a llamarse del General Azcárraga.

JUNTA DE DEFENSA: CONSTITUCION

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El 14 de marzo de 1893, el alcalde José Soto convocó a todas las fuerzas vivas de la ciudad a fin de tratar el traslado de Capitanía a León. Pronunció un discurso en el que vino a decir que la postergación histórica de Galicia era debido a que los gobiernos no la conceptuaban de carácter tan levantisco como a los catalanes, aragoneses y valencianos. El alcalde estaba dispuesto a encabezar cuantos actos, legales o ilegales, subrayó lo de ilegales, condujesen a defender los derechos e intereses de la región. Al finalizar la sesión, en manifestación espontánea se fueron a ver al gobernador el cual se apresuró a ausentarse. Más tarde el alcalde logró entrevistarse con él sin sacar nada en limpio de la entrevista.

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El día 15, José Soto se dirigió a los coruñeses diciéndoles que podían estar tranquilos pues tenían unos representantes en el Ayuntamiento dispuestos a defender los derechos de todos. Pese a estos propósitos y a la indignación general, los primeros pasos tuvieron poco éxito. Más que nada sucedió una guerra de telegramas. Telegramas dirigidos al presidente del Consejo de Ministros, al ministro de la Guerra, al de Gracia y Justicia, a Montero Ríos. No sólo se enviaron telegramas a Madrid, también a Galicia recabando la ayuda de los alcaldes gallegos y de las fuerzas políticas, principalmente las galleguistas denominadas regionalistas, y personalidades gallegas. Esta campaña de telegramas por Galicia tuvo mayor éxito.

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Tanto al presidente Sagasta como al ministro de Guerra López Dóminguez, y también a las autoridades de Madrid se les repetía que los derechos de Galicia estaban respaldados por el prestigio histórico de una región y santificados por una tradición de más de cuatro siglos. No se entendía que se adujesen razones económicas para el traslado cuando León carecía de cuarteles para alojamiento de tropas, ni tenía parques ni edificios para oficinas ni nada de cuanto es indispensable para centros militares.

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Las contestaciones del ministro de la Guerra eran una serie de evasivas y anuncios de buenas intenciones. Decía que no era cierto que se quisiera discriminar a Galicia, que tampoco se quedarína desatendida, que A Coruña iba a contar con abundantes fuerzas militares e, incluso, cuando los ánimos ya se calentaron en exceso, sacó la teoría de que el capitán general, aunque oficialmente fuera trasladada la Capitanía a León, era libre de elegir su residencia donde quisiera. Evidentemente nadie en la ciudad se creyó que se fuese a mejorar porque se llevaran la Capitanía.

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También es cierto que dicha reforma militar no la veía bien ni el propio Ejército. El capitán general de Galicia dijo que A Coruña seguía siendo una ciudad adecuada para sede de la Capitanía General, que no había razones estratégicas serias para el traslado, llegando a decir incluso que "si Galicia tenía la fuerza de la razón pronto podía tener la razón de la fuerza". Poco después el capitán general fue sustituido por otro que apoyó igualmente las reivindicaciones de Galicia.

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Uno de los principales argumentos era solicitar que la reforma no fuera por decreto, si no que fuera discutida en las Cortes. Pero sin modificación alguna, el decreto de la división territorial sería publicado el 22 de marzo de 1893.

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La reacción coruñesa fue anterior al decreto. Culmina con una gran manifestación, con toda la ciudad en la calle y todos los balcones con crespones negros en señal de luto, con la petición generalizada de que el Ayuntamiento en pleno dimita y, que por más que lo intente el gobernador, a la corporación dimitida no se le encuentre sustitución, como así fue en efecto. Esta reacción en realidad se origina fuera del Ayuntamiento. La corporación estaba dividida respecto a los problemas que podría acarrear su dimisión. Triunfó la voluntad expresada por una entidad de prestigio en la vida coruñesa como es la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos.

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Viendo que el Ayuntamiento no llegaba a ninguna acción concreta salvo visitas y relaciones más o menos estériles y guerras de telegramas, el Circo de Artesanos nombró entre sus socios una comisión de la que nacería la Junta de Resistencia que acabaría llamándose Junta de Defensa de Galicia. Dicha comisión estaba presidida por Evaristo Babé y Gely.

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El día 19, los socios, con la comisión al frente, salieron del Circo de Artesanos dirigiéndese al Ayuntamiento donde le pidieron a la corporación que dimitiera inmediatamente, cosa que hicieron para todos juntos ir a ver al presidente de la Diputación el cual, también, se manifestó dispuesto a dimitir con todos sus diputados, esperando a que se acabaran las elecciones de senadores que se estaban llevando a cabo bajo su tutela y que abandonarlas les podría acarrear graves inconvenientes. Acabadas las elecciones dimitió la Diputación Provincial, a la que tampoco se pudo sustituir. Ello originó una serie de dimisiones en masa por parte de miembros de la Provincial y municipal de Beneficencia y Sanidad, de Instrucción Pública, de Bellas Artes, de Obras del Puerto, la Cámara de Comercio rompió relaciones oficiales con el Gobierno. La clase médica de A Coruña también se sumó a las protestas, así como el clero, uniéndose los párrocos y los canónigos compostelanos, el apoyo eclesial más significativo fue el de Ramón Bernárdez, abad de la Colegiata.

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Se solicitó de manera urgente la adhesión de los intelectuales gallegos comprometidos con el regionalismo para lograr la unión y adhesión de toda Galicia. Adhesión que se produjo creándose en las cuatro provincias gallegas Juntas de Defensa, eso sí, creación llevada a cabo en unas provincias con más dificultades que en otras.

DEFENSA DE LA CAPITANIA: PROLEGOMENOS

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El 12 de marzo de 1893 la prensa local da cuenta del proyecto que el ministro de la Guerra, López Domínguez, tenía de reforma militar y que dentro de la misma, y por razones de economía y estrategia, se suprimía la Capitanía General de Galicia y se llevaba a León. Entonces se vendían pocos periódicos y no había teléfonos, pero en poco tiempo muy pocos coruñeses dejaban de estar al tanto de una noticia considerada como uno de los mayores agravios a Galicia.

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¿Por qué no suprimen la Capitanía General de Barcelona, o la de Valencia?, se preguntaban los coruñeses en 1893, a nadie engañaban las razones estratégicas y económicas.

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Desde luego Galicia no permitiría que se llevaran a Castilla una Capitanía General que es la más antigua de España, porque está aquí nada menos que desde el año 1840. No se había descubierto América y ya A Coruña tenía su Capitanía General. Y querían, ahora, llevársela a León, ¿querían volver a los tiempos en los que Zamora hablaba por Galicia?.

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Estos y otros comentarios se escuchaban por la ciudad. La indignación y protesta eran unánimes sin distinción de clases ni de ideas políticas. Tan ofendidos se mostraban los de derechas como los de izquierdas, los carlistas como los republicanos, los hacendados como los pobres, los hombres como las mujeres.

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Al día siguiente se reunió el Ayuntamiento. José Soto, alcalde por aquel entonces, hombre enérgico y dispuesto al sacrificio, estaba asistido por un equipo de concejales y otra serie de personalidades que acudieron a la llamada del alcalde.

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El gobierno de Sagasta, quizá ya preocupa por la desfavorable reacción, inició un plan para querer hacer ver que la Capitanía se iba, pero menos. Autorizaba la construcción de un edificio con destino a oficinas para ingenieros militares y proyectaba construir un parque de Artillería. Es decir, llevarse la Capitanía General y mantener ciertas instalaciones militares.

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Este plan, lejos de provocar satisfacción, aceleraron la petición de que se clarificaran las cosas y que la ciudad conociera de una vez si querían llevarse la Capitanía General a León. Nadie comprendía cuales podían ser las razones técnicas o económicas que pudieran provocar el traslado de la Capitanía General, dejando indefensa una extensísima región que había sido declarada solemnemente "primero y último reducto de la independencia nacional".

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Comenzó a circular por las gentes de la ciudad que la única razón válida eras la de una nueva prueba de caciquismo. Se pretendía llevar a cabo dicha medida por el imperio de la yernocracia. Una hija de Sagasta acababa de casarse con un boticario adinerado de León, un tal Merino, al que por cierto acababan de hacer diputado a Cortes. Como regalo de bodas, la Capitanía General.

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Lo que sí era cierto es que el gobierno quería aprovechar de que Galicia era un región sufrida que lo aguantaba todo, si le quitamos la Capitanía, pensaban, se limitará a llorar y a quejarse mansamente, ¿no ha aguantado cosas peores?. Además, de antiguo los gallegos están desunidos y las restantes provincias se alegrarán antes que dolerse del mal de A Coruña, estos serían los argumentos oficiales detrás de la reforma.

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"Si fuera bueno para la patria, Galicia y Coruña se hubieran sacrificado", dijo Sánchez Bregua. No era sopresa que A Coruña reaccionara como reaccionó. Lo que sí fue sorprendente y esperanzador para todos los galleguistas es que Galicia entera vibrara al unísono.

CAPITANIA

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El actual palacio de Capitanía General se levanta sobre el solar del que en el siglo XV tenía el prócer gallego Gómez Pérez das Mariñas. Este palacio lo heredó su hija Constanza y se cree que en él se alojaron los primeros capitanes generales y gobernadores del Reino de Galicia. Su forma y dimensiones son desconocidas.

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Cuando la Audiencia de Galicia se estableció en A Coruña, 1573, ocupó un edificio situado en la calle de la Alfaiatería, más tarde llamada de Santiago. Arruinada esta casa y la de Gómez das Mariñas, es decir, la que servía de palacio de Capitanía General, el rey Fernando VI, por Real Cédula del 14 de junio de 1748, mandó que se levantase un palacio nuevo con habitación del Capitán General y Gobernador del Reino, y residencia del Tribunal de Audiencia. También se ordenaba la construcción de la Cárcel Real, que quedaría adosada al palacio. Éste llevaría reloj.

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Para poder realizar dichas obras fue menester imponer el arbitrio de un maravedí en cada azumbre de vino que se cosechase en todo el Reino de Galicia durante dos años. Con esos ingresos se dió principio a la obra, pero como ésta no se acabó en los dos años previstos, tuvo que prorrogarse el arbitrio otros dos años más, aunque reducido a la mitad. Se terminó hacia 1760 - 1761, ya que en 1763 habitaba ya en palacio del capitán general Carlos Francisco de Croix. El autor de los planos fue el ingeniero Juan Vergel. En 1845 se albergaban en el mismo edificio la Diputación Provincial y el Gobierno Político o Civil, con su secretaría.

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La parte derecha del edificio la ocupaba desde su construcción, la Audiencia Territorial, con diferentes salas para la Administración de Justicia y Archivo Regional de Galicia, creado en 1776, y formado por los papeles procedentes de los pleitos sustanciados en la Audiencia. Ésta pasó a ocupar el Palacio de Justicia actual en 1930. El palacio es de planta rectangular, muy espacioso, y con patio en su centro. Severo en su fachada, es uno de los pocos edificios donde se ve campar el escudo del Reino de Galicia, que figura sobre los dinteles de las ventanas y balcones del segundo cuerpo.